420 en Perú: libertad para la planta, justicia para quienes la cultivan

En el Día Mundial del Cannabis, la Asociación Ámbar exige una regulación integral que deje de criminalizar a pacientes, usuarias/os y cultivadores que hoy son perseguidos por ejercer sus derechos.

Este 20 de abril — Día Mundial de la Marihuana— desde la Asociación de Pacientes de Cannabis Ámbar alzamos la voz por los derechos de quienes usan y cultivan la planta del género Cannabis con fines medicinales, terapéuticos, espirituales y personales. En un país donde dos leyes (Ley 30681 y Ley 31312) reconocen al cannabis como medicina, la Fiscalía y la Policía aún persiguen a quienes lo cultivan sin licencia, alegando delitos contra la salud pública.

Esta contradicción legal no solo atenta contra el derecho a la salud (artículo 7 de la Constitución), sino también contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 2.1), como ya lo ha reconocido la Corte Suprema en casos emblemáticos (RN 507-2018, Junín). ¿De qué sirve una ley que reconoce nuestro tratamiento si cultivar nuestra medicina nos puede llevar a prisión?

Actualmente en el Perú solo existen 3 licencias otorgadas relevantes: una de cultivo, una de producción y una de cultivo asociativo. Todas las demás asociaciones, madres cuidadoras, familias agricultoras y pacientes cultivadores están a merced de decomisos, juicios y estigmatización. Esta situación configura una discriminación estructural contra quienes no tienen los recursos económicos para importar productos caros ni para pagar clínicas privadas, y menos para construir e industrializarse.

Desde la Asociación Ámbar, rechazamos las publicaciones de la Policía Nacional que criminalizan el autocultivo y alientan la persecución de pacientes y cultivadores, mediante mensajes que incitan a la denuncia y refuerzan el estigma. Con ello, el Estado peruano insiste en criminalizar la planta, pese a que cada vez más países regulan su uso de forma integral: Alemania, Uruguay, Malta, Tailandia, Colombia y varios estados de EE.UU. han iniciado procesos para regular el cultivo, producción, distribución y consumo de cannabis de forma responsable. Incluso en Europa, donde se mantiene la restricción por tratados internacionales, se están creando rutas para el uso recreativo controlado y para el cultivo doméstico.

A pesar de los avances, en el Perú aún se acusa por tráfico de drogas a quienes cultivan cannabis para uso medicinal, incluso cuando presentan pruebas médicas, informes, testimonios y certificados. La paradoja es aún más grave cuando la propia Ley 31312 promueve el Cultivo Asociativo para dar seguridad a las familias de bajos recursos que cultivan su propia medicina en casa, pero su Reglamento, aprobado por el Ejecutivo, desnaturaliza este objetivo y excluye a miles de pacientes y cultivadores del acceso a licencias.

Por ello, desde la Asociación Ámbar buscamos interponer una acción popular contra el Reglamento de la Ley 31312, en defensa del derecho a la salud, la igualdad ante la ley y el principio de legalidad. Sin embargo, con la reciente modificación a la Ley de la APCI, que prohíbe que asociaciones reciban cooperación internacional para asesorar o financiar demandas contra el Estado, nuestro derecho de acceso a la justicia también está en riesgo.

Casos como el de las organizaciones que han demandado al Ministerio de Salud por desabastecimiento de antirretrovirales para pacientes con VIH, gracias al apoyo legal de organizaciones como Promsex o Acción Internacional para la Salud (AIS), ya no serían posibles con las nuevas reglas de la Ley APCI.

Hoy, en el 420, adherimos a la campaña global #NoMásPresxsPorPlantar, y exigimos una reforma urgente que garantice:

• Acceso libre y seguro al cultivo personal y asociativo.

• Eliminación de las sanciones penales para quienes cultivan cannabis sin fines comerciales.

• Modificación del Reglamento de la Ley 31312 para que cumpla su propósito original.

• Apertura del Perú a la discusión internacional sobre la regulación integral del cannabis como una herramienta de salud, justicia social y derechos humanos.