Nueve años después de San Miguel: cannabis con ley, pero sin acceso real

Ninguna asociación de pacientes tiene hoy licencia para cultivar cannabis en Perú. Nueve años después del caso emblemático en San Miguel, el Estado sigue sin autorizar a quienes luchan por su salud. Las asociaciones enfrentan criminalización, trabas burocráticas y un mercado formal que privilegia productos caros e importados.

El sábado 7 de febrero se cumplieron nueve años del operativo policial que, en 2017, irrumpió en un departamento del distrito de San Miguel, en Lima, donde se cultivaba y procesaba cannabis para uso medicinal. En ese lugar fueron intervenidos el cultivador Luis Gavancho Salvatierra, actual presidente de la Asociación Ámbar, el médico Juan Lock y la madre de familia Ana Álvarez, integrantes de la entonces asociación Buscando Esperanza, que elaboraba extractos artesanales para niños con epilepsia, pacientes con cáncer y personas con dolor crónico.

La Policía Nacional denunció penalmente a los involucrados por presunto tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, meses después, el Poder Judicial resolvió no abrir instrucción penal al considerar que no existía lucro y que la actividad estaba orientada al ejercicio del derecho a la salud. La decisión —que no fue apelada— parecía convertirse en un antecedente clave: el propio Estado estaba reconociendo que cultivar cannabis para fines terapéuticos no podía equipararse al narcotráfico.

El caso que cambió la ley, pero no la práctica

Ese operativo, ampliamente difundido por medios nacionales, desató un debate social, político y legislativo que derivó, en noviembre de 2017, en la promulgación de la Ley 30681, que reconoció el uso medicinal y terapéutico del cannabis en el Perú, aunque le otorgó el monopolio de las licencias a la industria farmacéutica, excluyendo a las asociaciones de pacientes. Más adelante, tras años de presión de pacientes y asociaciones, se aprobaron la Ley 31312 (2021), que incorporó la figura de la producción artesanal con cultivo asociativo, y la Ley 32195 (2024), orientada al uso industrial del cáñamo.

Sin embargo, nueve años después del caso San Miguel, el balance es crítico: ninguna asociación de pacientes produce cannabis de manera regular y efectiva bajo licencia, no existe ningún producto peruano de cannabis en el mercado formal, y los pacientes continúan dependiendo de importaciones o de circuitos informales.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, más de 55 mil personas están registradas como usuarias medicinales de cannabis en el país. De ellas, apenas el 34 % accede a productos por vías reguladas, concentradas casi exclusivamente en Lima Metropolitana. El resto se abastece fuera del sistema formal, con los riesgos sanitarios y de criminalización que ello implica.

Criminalización que no cesa

Para las asociaciones de pacientes, el problema no es la ausencia de normas, sino su implementación. A pesar de que el Estado reconoció el cannabis como medicina, los cultivadores y pacientes siguen expuestos a denuncias penales, intervenciones policiales y decomisos, incluso cuando cuentan con inscripción en registros oficiales o con recetas médicas.

Casos posteriores, como el de la asociación El Jardín de María José en 2022, muestran que la criminalización no ha terminado. La producción artesanal con cultivo asociativo, reconocida por ley, sigue siendo tratada en la práctica como una actividad sospechosa.

Beneficios desiguales

En estos nueve años, uno de los pocos ámbitos en los que el Estado ha mostrado cierta apertura ha sido el de la prescripción médica de cannabis. Los profesionales de la salud que prescriben la planta y sus derivados pueden realizar consultas y emitir recetas con un riesgo significativamente menor de criminalización que cultivadores y pacientes. Así lo evidenció, por ejemplo, el caso del médico Max Alzamora, denunciado penalmente en 2019 por recetar flores de cannabis para vaporización: el Ministerio Público archivó la investigación y reconoció que la prescripción de cannabis —incluidas las flores— constituye una práctica médica lícita cuando se sustenta en evidencia científica y en la Ley N.° 30681. Este precedente confirmó que los médicos pueden prescribir cannabis sin incurrir en responsabilidad penal.

Sin embargo, ese reconocimiento no ha sido acompañado por un sistema que garantice el acceso efectivo a los tratamientos prescritos. El modelo vigente traslada toda la carga al paciente: debe registrarse, pagar una consulta médica, obtener una receta y luego resolver, por su cuenta, cómo conseguir el producto, muchas veces fuera de canales formales. Mientras tanto, los ministerios de Salud e Interior han impuesto requisitos técnicos, de seguridad y municipales que resultan desproporcionados o inalcanzables para asociaciones de pacientes sin fines de lucro, muchas de ellas integradas por madres, padres y cuidadores, impidiendo que exista una oferta legal, accesible y con trazabilidad que haga viable el derecho a la salud reconocido por la propia ley.

La licencia que no abrió el camino

En febrero de 2025, el Ministerio de Salud otorgó la primera Licencia de Producción Artesanal con Cultivo Asociativo (LPA) a la asociación 420 Green Cure. Aunque fue presentada como un hito, fuentes de la propia DIGEMID confirmaron posteriormente que dicha licencia fue cancelada, luego de que la asociación intentara mudarse y ampliar su cultivo.

Hoy, esa experiencia refuerza la percepción de que el sistema no está diseñado para funcionar en la realidad de las asociaciones, sino para desalentarlas.

Una planta tratada como fármaco

Otro problema estructural es el enfoque regulatorio. El cannabis sigue siendo tratado como si fuera un fármaco convencional, cuando se trata de una planta compleja, con cientos de compuestos activos, múltiples vías de administración y usos terapéuticos personalizados. Esta lógica ha generado regulaciones rígidas, costos elevados y una incomprensión persistente de las necesidades reales de los pacientes.

Nueve años después de San Miguel, el Perú tiene leyes, registros y discursos oficiales, pero no tiene acceso real, equitativo ni soberano al cannabis medicinal. La criminalización continúa, la producción nacional está ausente y las asociaciones que impulsaron el cambio normativo siguen esperando que el Estado cumpla su parte.

El caso que dio origen a la regulación sigue siendo, paradójicamente, la prueba de su fracaso.

Ámbar: del caso que hizo la ley a la lucha por hacerla cumplir

El consejo directivo de la Asociación de Pacientes de Cannabis Ámbar, conformado por Luis Gavancho, Jorge Paucar y Franco Casanova, viene luchando contra las trabas burocráticas que impiden a cientos de personas acceder legalmente a tratamientos con cannabis. Desde su fundación, la asociación ha asumido el compromiso de cumplir con cada uno de los requisitos establecidos por la normativa vigente para obtener la Licencia de Productocción Artesanal con Cultivo Asociativo (LPA), sin dejar de lado su misión de garantizar el derecho a la salud de sus pacientes asociados.

En ese camino, hemos sostenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, así como con representantes de las Municipalidades del Perú. El objetivo es claro: destrabar el proceso de obtención de la LPA para que no se convierta en un privilegio inaccesible, sino en una herramienta real de inclusión y justicia social. La asociación reafirma su posición: el acceso al cannabis no debe depender de la capacidad económica, sino de la necesidad terapéutica de las personas.

La historia de esta lucha no puede contarse sin mencionar a madres de familia como Dorothy Santiago y Ayde Farfán, que han enfrentado el estigma y el miedo con tal de asegurar salud y dignidad para sus hijos. O como María Montoya, madre de una paciente usuaria de cannabis, que sostuvo esta lucha hasta sus últimos días sin ver reconocido por el Estado el derecho a cultivar la medicina de su hija.