Asociación de Pacientes de Cannabis Ámbar llama al Ministerio de Desarrollo Agario y Riego a reglamentar la Ley del Cáñamo de manera equitativa y sin criminalización.
La reciente promulgación de la Ley 32195, Ley del Desarrollo Agrícola del Cáñamo para Uso Industrial, representa un hito en la regulación del cannabis en Perú, orientado hacia el desarrollo industrial. Sin embargo, la Asociación de Pacientes de Cannabis Ámbar advierte sobre las preocupantes modificaciones al Código Penal que, en lugar de proteger a los productores, podrían perpetuar la criminalización de quienes no logren obtener una licencia.
Observaciones enviadas al Congreso
En 2023, la Asociación Ámbar presentó observaciones al Congreso, alertando sobre los riesgos de la criminalización y la urgencia de una regulación integral del cannabis en todas sus variedades y usos. Si bien saludamos la promulgación de esta norma, recalcamos la necesidad de un reglamento que no desnaturalice los objetivos de la ley, como ocurrió con los reglamentos de las leyes cannábicas previas (Ley 30681 y Ley 31312). En ambos casos, la implementación fue obstaculizada por la falta de licencias viables y un marco regulatorio que bloqueó el acceso efectivo a la planta y sus derivados.
Hacia una reglamentación equitativa y técnica
Exigimos que la reglamentación de esta ley, a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), liderado por Ángel Manero, se diseñe respetando los criterios para el ejercicio de la potestad reglamentaria señalados en la Guía de Técnica Legislativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esto incluye:
Elaborar el reglamento dentro del plazo establecido, asegurando transparencia y consultas públicas con todos los actores involucrados.
Evitar la transgresión o desnaturalización de la ley.
Garantizar que las disposiciones no vulneren derechos fundamentales ni perpetúen la criminalización de cultivadores.
Criminalización: una amenaza persistente
Desde 2017, solo se ha otorgado una licencia para el cultivo de cannabis medicinal con fines comerciales en el Perú. Este panorama, combinado con las modificaciones al Código Penal incluidas en la Ley del Cáñamo, condiciona la protección penal únicamente a productores con autorización oficial. Esto resulta alarmante en un país donde el acceso a licencias es prácticamente inviable. Como ejemplo, la Ley 31312, que regula el cultivo asociativo, terminó siendo un instrumento para criminalizar a cultivadores que no pudieron cumplir con los requisitos impuestos.
Por una regulación integral y justa
La Asociación Ámbar reafirma su compromiso con la lucha por una regulación integral que contemple no solo los usos industriales, sino también medicinales, terapéuticos y sociales del cannabis. Por ello, instamos al Ejecutivo a emitir un reglamento que fomente el desarrollo industrial del cáñamo, garantice acceso justo a licencias y proteja a pequeños productores y cultivadores, priorizando siempre los derechos humanos.
Únete a nuestra causa
Invitamos a los pacientes, productores y defensores de los derechos humanos a sumarse a la Asociación Ámbar. Juntos podemos lograr una regulación equitativa que garantice acceso a la planta y sus derivados, sin criminalización.
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📧 Escríbenos a: medicinalambar@gmail.com
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